La Entertainment Software Association (ESA), la organización que agrupa a los grandes estudios y editoras de videojuegos en Estados Unidos, ha puesto en su punto de mira a Anbernic, el fabricante chino de consolas portátiles de emulación que se ha ganado un enorme público entre la comunidad retro gamer. Según reportes recientes, la ESA estaría calificando a estos dispositivos como ‘superfakes’, un término que normalmente se usa para falsificaciones de lujo extremadamente sofisticadas, y los señala como facilitadores de piratería de videojuegos a gran escala.
Lo curioso del caso, y lo que lo vuelve especialmente polémico, es que Anbernic como empresa no vende las consolas precargadas con ROMs piratas. Las propias unidades que salen de fábrica llegan limpias o, en el peor de los casos, con software de emulación legal y algunos homebrews gratuitos. El problema, según se desprende de las investigaciones, está en el ecosistema de vendedores externos que operan en plataformas como AliExpress, eBay o incluso Amazon, quienes compran las consolas al por mayor y las revenden acompañadas de tarjetas SD repletas de miles de ROMs de juegos protegidos por derechos de autor, desde clásicos de Game Boy hasta títulos de PlayStation 2 y GameCube.
Para quienes seguimos de cerca la escena del retro gaming, esto no es ninguna sorpresa. Marcas como Anbernic, Miyoo, Retroid o Powkiddy llevan años dominando un nicho de mercado que combina nostalgia, emulación y hardware asequible, y que ha explotado gracias a comunidades en Reddit, Discord y YouTube que comparten guías para ‘cargar’ estos dispositivos con bibliotecas enteras de juegos retro. El propio auge de estas consolas se debe en gran parte a que ofrecen una experiencia muy superior a la de un teléfono móvil para jugar títulos clásicos, con botones físicos, pantallas decentes y una relación calidad-precio difícil de igualar frente a opciones más ‘legítimas’ como las consolas mini oficiales de Nintendo o Sega.
La estrategia legal de la ESA es interesante porque, en lugar de perseguir directamente a los usuarios finales (algo que históricamente ha generado un enorme rechazo público, como ocurrió con las demandas masivas de la RIAA en la era de Napster), apunta al fabricante del hardware y a los canales de distribución, argumentando que el diseño mismo de estos dispositivos, pensado para ejecutar emuladores con facilidad, normaliza y facilita la piratería. Sin embargo, los emuladores en sí mismos son legales en la mayoría de jurisdicciones; lo ilegal es la distribución de las ROMs protegidas, que en este caso corre por cuenta de terceros vendedores y no de Anbernic.
Este conflicto reabre un debate que lleva décadas sobre la mesa en la industria: ¿dónde termina la preservación de videojuegos clásicos y dónde empieza la piratería? Para muchos coleccionistas y aficionados, estas consolas representan la única forma accesible de revivir catálogos enteros que las propias compañías han abandonado sin ofrecer alternativas legales modernas. Mientras tanto, la ESA parece decidida a endurecer su postura contra cualquier eslabón de la cadena que facilite el acceso no autorizado a su catálogo, lo que podría traducirse en acciones legales contra Anbernic, bloqueos en plataformas de venta o presión a mercados como AliExpress para frenar a los revendedores de tarjetas SD piratas. Habrá que ver si esta ofensiva logra frenar realmente el fenómeno o si, como ha ocurrido tantas veces antes, la comunidad simplemente encuentra nuevas formas de seguir jugando a sus clásicos favoritos.