La privacidad en internet vuelve a estar en el punto de mira. Un nuevo proyecto de ley de vigilancia impulsado en Canadá se suma a una tendencia cada vez más preocupante a nivel mundial: gobiernos de distintos países están presionando, uno tras otro, para debilitar o directamente eliminar el cifrado de extremo a extremo que protege nuestras comunicaciones diarias. Según reporta Wired en su columna Kernel Panic, este fenómeno no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva coordinada y creciente contra una de las herramientas tecnológicas más importantes para proteger la libertad de expresión y la seguridad digital de millones de personas.
El cifrado de extremo a extremo, el mismo que utilizan aplicaciones como Signal, WhatsApp o iMessage, garantiza que solo el emisor y el receptor de un mensaje puedan leer su contenido, ni siquiera la propia empresa que presta el servicio tiene acceso a esa información. Es la tecnología que hace posible que periodistas, activistas, disidentes políticos y, en realidad, cualquier ciudadano de a pie, puedan comunicarse sin temor a que terceros intercepten sus conversaciones. Sin embargo, desde hace años, agencias de seguridad y gobiernos de todo el mundo argumentan que este mismo cifrado dificulta las investigaciones criminales y facilita actividades ilícitas, desde el terrorismo hasta la explotación infantil, usando estos argumentos para justificar propuestas que obligarían a las empresas a crear puertas traseras (backdoors) de acceso.
El problema de fondo, y algo que la comunidad de seguridad informática repite constantemente, es que no existe tal cosa como una puerta trasera que solo puedan usar ‘los buenos’. Cualquier vulnerabilidad deliberada introducida en un sistema de cifrado para facilitar el acceso de las autoridades es, por definición, una vulnerabilidad que tarde o temprano podría ser descubierta y explotada por actores maliciosos, desde ciberdelincuentes hasta gobiernos autoritarios. Casos similares ya se han visto en el Reino Unido, con presiones hacia Apple para acceder a datos cifrados en iCloud, o en la Unión Europea, con el polémico reglamento conocido popularmente como ‘Chat Control’, que buscaba escanear mensajes privados en busca de contenido ilegal antes de que fueran cifrados.
Para la audiencia geek y tecnológica, este tipo de legislación no es un asunto abstracto de política exterior, sino algo que impacta directamente en las herramientas que usamos todos los días: desde gestores de contraseñas hasta aplicaciones de mensajería, pasando por los sistemas operativos de nuestros móviles y ordenadores. Las grandes compañías tecnológicas, además, suelen quedar atrapadas en medio del fuego cruzado: deben decidir si ceden ante la presión regulatoria, retiran sus servicios de ciertos mercados (como ya ocurrió con algunas funciones de cifrado de Apple en el Reino Unido) o se enfrentan a sanciones económicas y legales.
Lo que hace especialmente inquietante esta ola de iniciativas es su carácter global y simultáneo: no se trata de un gobierno aislado probando suerte, sino de un patrón que se repite en democracias occidentales, lo que normaliza la idea de que el cifrado fuerte es negociable. Organizaciones de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation llevan años advirtiendo que ceder en un país sienta precedente para que otros sigan el mismo camino. De cara al futuro, la batalla por el cifrado promete intensificarse, y probablemente seguiremos viendo nuevos proyectos de ley, demandas judiciales y pulsos públicos entre gobiernos y empresas tecnológicas, con la privacidad de miles de millones de usuarios como principal rehén de esta disputa.
Fuente: https://www.wired.com/story/kernel-panic-encryption-is-getting-squeezed-from-all-sides/